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29/8/2010
Nuevamente este verano se ha vivido una crisis fronteriza entre España y Marruecos. Provocada por una autodenominada “sociedad civil de Marruecos”, los melillenses hemos vivido un desabastecimiento de productos de primera necesidad durante un corto periodo de tiempo.
La primera conclusión habría de extraerse de la adopción por parte de las autoridades marroquíes del sistema de creación de organizaciones supuestamente cívicas, tan extendido en la sociedad española y melillense, que a la sombra del poder político y de sus favores se dedican a hacer y decir lo que a los gobiernos interesa. Porque estas acciones interrumpiendo el libre paso de personas y mercancías no hubieran sido posibles sin una voluntad clara del Gobierno de Marruecos para que así sucedieran.
En nuestro anterior comunicado significábamos nuestra idea de que veíamos un final a la crisis en el que habría un trueque de dinero y silencio entre ambos gobiernos. La previsión se ha cumplido con toda seguridad al cincuenta por ciento porque, si de dinero no se ha hablado, silencio ha habido y mucho.
Para ser una crisis que se inició con denuncias desde el vecino Reino de malos tratos y abusos de poder por parte de la policía española, la falta de información del Gobierno español a la ciudadanía, y una conclusión que no aclara si las denuncias eran verdaderas o falsas, afecta grave y directamente a la dignidad de estos funcionarios públicos en particular y de la sociedad española en general.
Vivimos en una sociedad que tiene como valores fundamentales la Libertad y la Justicia, y en la que todos estamos sometidos al imperio de la Ley. Si las denuncias fueran ciertas, la impunidad de estos hechos supondría un grave atentado a estos principios. Mientras que si fueran falsas, la falta de excusas, cuanto menos, o de represión vía judicial, tanto por unas acusaciones constitutivas de delito, como por las agresiones efectivamente sufridas por agentes de la autoridad, afecta gravemente al principio de legalidad y a la dignidad de un pueblo.
La sociedad melillense es especialmente sensible a este tipo de situaciones. Las difíciles relaciones que históricamente se han vivido con Marruecos, sus reivindicaciones de los territorios de Melilla y Ceuta y un sentimiento de provisionalidad hacen que este tipo de crisis sea sentida de una forma especial por los melillenses. Y la respuesta gubernativa española no puede ser el silencio en aras de una pretendida solución diplomática. La discreción no está reñida con la información, y la actuación gubernativa, en este caso, ha pasado a convertir las ciudades de Melilla y Ceuta en un tema tabú, del que es mejor no hablar. Y ello no contribuye ni a la confianza de los habitantes de ambas ciudades, ni al respeto que nos merecemos.
Los melillenses debemos estar y de hecho estamos preocupados por este tipo de situaciones. Si cualquiera puede cortar la frontera impunemente, impidiendo el paso de personas por ella y dejando desabastecida la ciudad, está claro que es necesaria más que nunca una sociedad articulada y libre, abandonar el miedo siempre presente a decir o hacer inconveniencias no agradables a los poderes públicos, y exigir de nuestras autoridades el respeto al Estado de Derecho, único que puede garantizar el respeto a los Derechos Humanos.
Artículo remitido por: derechoshumanos.melilla@nodo50.org (APDHM)